Esta mañana llegó a mis manos la
declaración de cierre del encuentro “¿Qué
hace posible al museo?” organizado del 17 al 19 de septiembre por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). El evento fue coordinado por el Instituto de
Investigaciones Estéticas, el Museo Nacional de Antropología y el Museo
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).
El encuentro reunió a 38 expertos,
principalmente altos directivos que trabajan en instituciones relacionadas a la
gestión pública de la cultura y de los museos en países de América como México,
Brasil, Estados Unidos, Perú y Venezuela; además de España, Francia y Holanda. En
el ámbito nacional llama poderosamente la atención la presencia de Francisco
Labastida y de Rafael Tovar y de Teresa, ambos personajes muy cercanos a la
maestra Teresa Uriarte, actual responsable de Difusión Cultural en la UNAM y candidata
–en algunas discusiones de café- a presidir el CONACULTA en una próxima
administración. También fueron invitados como conferencistas Kenia López,
Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión, el Dr. José
Sarukhán quien fuera rector de la UNAM y Nina Serratos, actual titular de
cultura en el Distrito Federal.
La asistencia al encuentro –estrictamente
por invitación- fue bastante nutrida, y me comentan que también muy
participativa. Al último día del encuentro se llevaron a cabo mesas de trabajo
coordinadas por el Comité Museológico integrado por Renato González, Diana
Magaloni, Graciela de la Torre, Magdalena Zavala, Laurencia Mercado y Jorge Reynoso,
donde los asistentes compartieron sus puntos de vista, los cuales en términos
generales se recogen en este documento de conclusiones que fue entregado al
término.
Aunque el documento en cuestión no
es una declaratoria como tal, expresa muy sintéticamente -en tan sólo dos
cuartillas- las conclusiones generales de los profesionales de museo participantes.
Interesante cuestión sobre todo ahora que México se encuentra frente a un
posible giro de timón en las políticas culturales debido a la entrada de una
nueva administración el próximo mes de diciembre. Y más interesante aún, considerando que muy
probablemente la mayor parte de los participantes y organizadores del encuentro
estarán en la primera fila durante el cambio.
Pero primero, lo primero. El
documento define al museo muy en la línea de la nueva museología, como “centro
de conocimiento y aprendizaje en los que se preserva y activa la memoria
mediante la experiencia”. Continúa afirmando que el museo es un espacio de “consenso
simbólico y conceptual” pero también de debate. En palabras textuales, promueve
“la pluralidad, la inclusión, la conciencia crítica y la mejora en la calidad
de vida”.
Pero tal vez el verdadero meollo de
la reunión y al cual se consagra el resto del documento es la llamada “autonomía
del museo” como una política que al ser hipotéticamente adoptada por el Estado –
en su sentido amplio y particular- obligaría a “otorgar recursos, crear instrumentos legales o
articular herramientas administrativas que permitan a los museos el desarrollo óptimo
de sus funciones”. Evidentemente hay algo inoperante en el actual sistema de
regulación de los museos nacionales, adscritos o no al Estado, que provoca que
los profesionales de los museos deseen nuevas políticas facilitadoras de su
labor cotidiana.
La declaratoria se cuida mucho de no
caer en la controversia de la privatización del sector al afirmar
categóricamente que “en ninguno de los casos analizados durante el encuentro,
la autonomía intelectual y de gestión de los museos reduce o matiza la tutela
del Estado sobre el patrimonio cultural, el carácter inalienable de las
colecciones o, en su caso, el carácter público de la propiedad de los bienes
intangibles o tangibles, muebles o inmuebles”. Una afirmación válida en el
ámbito de lo público, pero que excluye la legítima propiedad en el caso de las
colecciones e instituciones administradas de manera privada, es decir, por
iniciativa ciudadana y que en la actualidad no tienen un marco legal al cual
acogerse como “museos” dejándoles el nebuloso estado de “Asociaciones Civiles”.
En resumen, el documento establece
que para que los museos de México ganen su mayoría de edad y sean autónomos
frente a su propia gobernabilidad, deberían realizarse las siguientes acciones,
y aquí cito al Comité Museológico organizador: “a) conformación actual de los
museos en México; b) marco jurídico y administrativo; c) fortalecimiento de las
competencias profesionales; y d) impacto social, incluyendo a los grupos sociales
que no asisten a los museo”.
El cuestionamiento sobre el marco
operativo, sobre todo legal, de los museos en nuestro país se suma al debate
sobre las reformas estructurales en otras materias como la fiscal, la de
trabajo, la educativa y la del Estado. Esto no es pequeño asunto si consideramos
que la cultura necesariamente es un eje transversal que lo atraviesa todo -economía,
educación, turismo, desarrollo social, etc.-, por lo que el pliego petitorio de los
profesionales de la cultura no debería ser pasado por alto o tomado a la ligera
en una reforma estructural de fondo.
Siempre que leo sobre la necesidad de
reformas legales, pienso en México como un país de gran voluntad y tradición legislativa
pero también como un país de escasísimo cumplimiento de la ley ¿Acaso será posible
combatir en el próximo sexenio nuestra centenaria herencia histórica del “hágase
pero no se cumpla”?
México ante lo legal es una nación
de paradojas, o si se quiere, un país neurótico que busca el cambio pero no lo
acepta, que propone leyes pero no las acata. Que a la cultura y a los museos no
les ocurra lo mismo: el cambio –desde cualquier punto de vista- es inminente ¿queremos
estar a la saga o a la vanguardia?
IMAGEN: Escena de la película Ferris Buller's day off en el Art Institute of Chicago
